Carmen Miradorna

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La situación de Aung San Suu Kyi es 'muy preocupante'
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La situación de Aung San Suu Kyi es ‘muy preocupante’

Los abogados franceses de Aung San Suu Kyi han tomado las riendas de Naciones Unidas, denunciando «un secuestro encubierto en juicio» de la ex líder birmana, bajo arresto domiciliario por la junta desde el golpe.

«No tiene nada que ver con la ley, es un secuestro encubierto en juicio», truenan François Zimeray y Jessica Finelle. Los dos abogados franceses, mandatados por el hijo y los familiares de Aung San Suu Kyi, se apoderaron de Naciones Unidas para denunciar el destino reservado a la exdirigente birmana, bajo arresto domiciliario por la junta desde el golpe. “Está recluida en régimen de incomunicación desafiando toda justicia y resistiendo con fuerza una tortura psicológica inaceptable”, prosiguen los dos abogados de derechos humanos, que presentaron el jueves en Ginebra “una comunicación contra la junta militar birmana al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria”. “Su arresto fue ilegal en todos los aspectos, su detención carece de base legal y los tribunales de la junta violan las normas más fundamentales del derecho a un juicio justo. […] Este es un trágico salto hacia atrás para Birmania. A través de la persona de Aung Sang Suu Kyi, es el pueblo birmano el que está amordazado y la aspiración democrática en este país la que está aplastada”, estima el dúo de abogados.

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Este miércoles, François Zimeray no oculta su preocupación a Paris Match: «El análisis que se hace es que la junta militar no se enfadaría si ella acabara muriendo en prisión». “Es muy preocupante”, prosigue, mientras que cualquier comunicación con Birmania es complicada: “Es muy difícil tener información ya que se mantiene en el más absoluto secreto”. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional denunció «una nueva ola de crímenes de guerra» en Birmania, más de un año después del regreso al poder de la junta militar en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021: «En casi todos los ataques documentados, solo parece que había civiles presentes”, analiza la ONG, que investigó los ataques aéreos que cayeron sobre varios edificios entre diciembre y marzo en el este del país, cerca de la frontera con Tailandia. La organización denuncia una «característica política de castigo colectivo de las comunidades civiles» por su supuesta o real oposición a la junta.

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11 años de prisión para Aung San Suu Kyi

La represión de las manifestaciones que se oponían al golpe fue mortal. Naciones Unidas ya denunció «probables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad» e identificó a cerca de 1.900 civiles asesinados por las fuerzas de la junta. Cerca de 14.000 personas fueron detenidas. El regreso al poder de la junta, que ya había privado de su libertad a Aung San Suu Kyi durante 15 años, provocó la apertura de varias investigaciones contra la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1991: «Hasta la fecha ha sido condenada a 11 años en prisión y enfrenta sentencias adicionales de más de 100 años de prisión por 17 cargos diferentes”, recuerdan sus abogados. Entre sus condenas dictadas por un tribunal especial cuyas audiencias están cerradas a los periodistas en la capital de Naypyidaw, se incluyen incumplimientos de las restricciones por el coronavirus, la importación ilegal de walkie-talkies y, el mes pasado, bajo la Ley Anticorrupción. El régimen militar lo acusa de haber recibido 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro en sobornos del exministro encargado de la región de Yangon, Phyo Min Thein.

Para justificar el golpe, la junta invocó el fraude en las elecciones de noviembre de 2020, que resultó en una victoria del partido de Aung San Suu Kyi, que inicialmente fue validada. Tiene prevista la organización de nuevas elecciones en 2023, en las que Aung San Suu Kyi no podrá participar por estas múltiples condenas.

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